La política debería comenzar y terminar con una palabra: compromiso. Cuando una persona busca el voto ciudadano, no solo solicita apoyo para ocupar un cargo; adquiere la responsabilidad de cumplir con el mandato que la ciudadanía le confió.
Por eso resulta preocupante que, cuando falta más de un año para las próximas elecciones, algunos actores políticos ya estén concentrados en la siguiente candidatura en lugar de concluir el trabajo para el que fueron electos. La pregunta es inevitable: ¿en qué momento el servicio público dejó de ser una responsabilidad para convertirse en un simple escalón político?
Los casos de la senadora con licencia Andrea Chávez y del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar han reavivado este debate. Ambos solicitaron licencia a los cargos para los que fueron electos con el propósito de competir por una nueva candidatura, dejando de ejercer las responsabilidades que la ciudadanía les encomendó antes de concluir el periodo para el que recibieron el voto popular.
Si bien la ley permite solicitar licencia, la discusión va más allá de la legalidad. El cuestionamiento es ético: ¿es correcto pedir la confianza de los ciudadanos para un cargo y, a mitad del camino, dejarlo para buscar otro? Cuando la política se convierte en una carrera permanente por el siguiente puesto, el compromiso con los electores corre el riesgo de pasar a un segundo plano.
Quienes votan lo hacen con la expectativa de que sus representantes dediquen su tiempo, esfuerzo y capacidad a resolver problemas, impulsar iniciativas y cumplir las promesas realizadas durante la campaña. Cuando la atención se desvía hacia la siguiente elección, es inevitable que surja la percepción de que el interés político ha desplazado al interés público.
La democracia no solo exige ganar elecciones; exige honrar el mandato recibido. Cada cargo tiene un periodo definido precisamente para garantizar continuidad, resultados y rendición de cuentas. Abandonar anticipadamente las prioridades del puesto para buscar otro puede enviar un mensaje equivocado: que el compromiso con los ciudadanos tiene fecha de caducidad.
La confianza pública es uno de los activos más valiosos de cualquier gobierno. Sin ella, crece el desencanto, aumenta el abstencionismo y se fortalece la idea de que la política responde más a proyectos personales que a las necesidades de la población.
Aspirar a crecer políticamente es legítimo. Lo cuestionable es hacerlo cuando todavía existe una responsabilidad pendiente con quienes depositaron su confianza en las urnas. Antes de pedir un nuevo voto, lo mínimo que deberían hacer los representantes públicos es demostrar que cumplieron con el anterior.
La ciudadanía merece servidores públicos enfocados en gobernar, no en vivir en campaña permanente. Porque el verdadero liderazgo no consiste en buscar constantemente el siguiente cargo, sino en cumplir, con responsabilidad y ética, el que ya se tiene.
